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18 de marzo, la fecha incómoda

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Por Hashtag fecha marzo 19, 2014

Paula Santoyo / @RHashtag

(19 de marzo, 2014).- Este 18 de marzo, aniversario de la Expropiación Petrolera, causa desconcierto. Desconcierto porque es una fecha que inundó los libros de historia y hoy pretende ser sepultada en el olvido. Desconcierto porque no podemos decir que se cumplen 76 años de que México como Nación es dueña de su petróleo.

Quizá algunos duden de tales afirmaciones y consideren que es una exageración hablar de privatización energética. Después de todo Enrique Peña Nieto gastó 353 millones en una campaña publicitaria fuera de los tiempos oficiales para insistir que “el petróleo es y seguirá siendo nuestro”. Repite una mentira las veces suficientes y acabará convirtiéndose en una verdad decía Goebbles, estratega publicitario de los nazis.

La campaña mediática del gobierno federal consistió en una mezcla de afirmaciones (que difícilmente pueden ser calificados como argumentos) y técnicas clásicas de manipulación. Usó un tono infantilizante y denostativo para reafirmar la ignorancia del público en el tema; prometió objetivos inalcanzables sin ningún sustento; construyó argumentos a partir de saltos lógicos; y privilegió la cuestión emocional para desarticular cualquier recibimiento de la Reforma con un pensamiento crítico.

Hablemos claro y sin verdades a medias, con argumentos en la mano y dejando de lado descalificaciones afines al dogmatismo. Vamos por el principio. Más del 30% de los recursos de la Federación los aporta Pemex, es decir, un tercio de los servicios públicos son financiados con la renta petrolera. El gobierno federal sostiene que con los cambios que introduce la Reforma Energética no se compartirá la renta petrolera con el sector privado. Esta afirmación, como la existencia de los Reyes Magos, podrá ilusionarnos, pero se sostiene en el aire. La nueva legislación abre la puerta a los llamados “contratos de riesgo de utilidad compartida”. Dichos contratos permitirán que una empresa explote yacimientos en la medida que le convenga y Pemex  tendrá que cubrir todos sus costos. Si sobra, se repartirán utilidades a las empresas en los porcentajes acordados.

Entonces, si la renta petrolera se compone del valor de los hidrocarburos a precio internacional menos los costos de su extracción, y con este nuevo esquema se compartirá la utilidad de la extracción, basta tener dos dedos de frente para entender que estamos hablando de que se compartirá la renta petrolera. Por lo mismo, las empresas privadas no tendrán ningún incentivo para disminuir sus costos, por el contrario, declararán hasta el último lápiz como un artículo de lujo.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico que se logre para reducir los costos de extracción (actualmente de 60 dólares el barril en aguas profundas) se irá junto con las utilidades a otras latitudes. Esto es, las empresas vendrán a perfeccionar sus tecnologías a nuestro país, les pagaremos por hacerlo y cuando se hayan acabado nuestras reservas se irán para extraer crudo más barato en otros lados.

Retomando la primera clase de cualquier curso de Microeconomía elemental, recordemos que el objetivo principal de la empresa privada es maximizar sus utilidades y reducir sus costos (si México va a financiarlas, entonces la austeridad sale sobrando). No se entiende cómo las compañías que lleguen a invertir a México se limitarán en lo que corresponde a la explotación de recursos y garantizarán la seguridad energética del país a largo plazo.

De acuerdo a cualquier diccionario decente, privatizar implica transferir una empresa o una actividad pública al sector privado. Si bien no se pretende vender Pemex en su conjunto, sí es la intención que la extracción petrolera -una actividad que realizaba exclusivamente el sector público- ahora tenga la participación del sector privado. Eso es privatización desde donde se mire. Y dicho sea de paso, es opuesto a lo que hizo hace 76 años el General Lázaro Cárdenas, que fue nacionalizar la industria petrolera. Hoy, la clase política acomoda las leyes para brindar “seguridad” a la inversión extranjera, no en función de los intereses nacionales.

Con el fin de abrirle la puerta con reverencias a la inversión privada, hoy en día se le han imputado diversos problemas a la producción mexicana de hidrocarburos. Se ha buscado crear un problema para después ofrecer una solución mágica. Se ha dicho por ejemplo que Pemex no podía explorar en aguas profundas sin la Reforma. Esto es tan falso que el 2013 la empresa descubrió 3 pozos en aguas profundas equivalentes a una riqueza de más de 112 mil millones de dólares –la reforma de 2008 le dio el acceso a la tecnología necesaria-.

También se argumentó que las inversiones de Pemex ya no eran redituables y que la producción se estaba cayendo. ¿Qué dicen los números? Desde 2004 la extracción de pozos ha crecido 1 millón de barriles diarios y las inversiones en exploración tienen una restitución de más del 100% de las reservas probadas. La caída en la extracción se reduce a Cantarell, y esto es debido a la sobreexplotación durante la administración del presidente Vicente Fox. De hecho, en dicho sexenio se extraían más de 3 millones de barriles diarios, que es la meta que propuso Enrique Peña Nieto. Vale la pena preguntar si ese nivel de extracción generó los millones de empleos que se prometen ahora.

Que no se nieguen los hechos, Pemex es la octava productora de petróleo en el mundo, la empresa más barata en costos de producción a nivel mundial y la segunda más barata en costos de exploración y desarrollo. Los argumentos de que está quebrada podrán atribuirse únicamente a que Hacienda le quita más del 65% de sus ventas y no se invierte lo suficiente en su mantenimiento y modernización. Inclusive, podría señalarse que ha habido esfuerzos importantes para desmantelar la industria petrolera nacional. Un ejemplo es el cierre del Instituto Mexicano del Petróleo.

La apertura a la inversión privada de todos los sectores de CFE y Pemex es sencillamente el cierre con bombo y platillo de un ciclo de privatizaciones que no había tenido parangón desde la Reforma Agraria de 1994. Es extraño que después de la privatización de las carreteras, las telecomunicaciones, el campo y los bancos, no se puedan presumir sus beneficios; sin embargo, la experiencia de aumento de tarifas, deudas y falta de mejora en los servicios, indica que deberíamos ir por un camino distinto a la confianza ciega en la inversión privada para asegurar el crecimiento de la industria.

Y esto no sólo nos lo indica la historia de este país, también lo recalca la experiencia internacional una y otra vez. En Brasil, sólo el 10% de las utilidades de PETROBRAS eran para el Estado antes de que en 2010 se re-nacionalizara parte de la industria. En Bolivia primero se intentó limitar la participación de las empresas privadas a 50% y cuando éstas no aceptaron se renacionalizó su industria. Así podemos hablar de Canadá, China, Argelia, Venezuela, Ecuador y Kazajistán por mencionar algunos ejemplos; todos ellos son países que privatizaron sus industrias con esquemas de contratos de utilidad compartida y hoy realizan costosísimos cambios para nacionalizar nuevamente sus industrias.

El argumento de que la entrada de capital privado es la “tendencia mundial” resulta falaz.. El 89% de las reservas mundiales de hidrocarburos son propiedad de empresas estatales, el 5% de empresas mixtas y sólo 6% le pertenece a empresas privadas. Por otra parte, no parece que con 71%, la participación de empresas estatales en la producción mundial vaya a la baja.

El señalamiento de que incluso Cuba y Corea del Norte son más abiertos que México en su régimen petrolero tampoco es del todo certero y no debe intimidar a la izquierda. En la campaña por la Reforma Energética omitieron el pequeño detalle de que México produce en media hora lo que Cuba en un día, y en 30 segundos lo que Corea del Norte en un día. No podemos compararnos con países que no son petroleros.

Como la apertura a la inversión privada no es buena publicidad por sí sola fue necesario endulzar la Reforma y agregarle algunos toques. Después de todo, para esta clase política una legislación no es buena si no viene cargada de promesas. Se nos dijo que esta reforma generará crecimiento del empleo, de la producción, mayores recursos para programas sociales, que bajará el costo de la luz y el gas, que hará a Pemex más transparente y que acabará con la corrupción. A la fecha, no existe evidencia ni modelo económico alguno que sustente estas promesas. Un aumento en la producción, por ejemplo, no se necesariamente se traduce en un menor costo del gas, pero es probable que lo haga en un cero más en la cuenta de las Islas Caimán del inversionista extranjero.

Una vez que la esencia privatizadora de la Reforma no pudo ser eludida, sus promotores se excusaron con que habría una fuerte regulación al sector privado…en las leyes secundarias. Ciertamente, los mercados energéticos no son competitivos y no sirven por sí mismos al interés público. Es necesaria una intervención fuerte de parte del Estado para corregir las fallas de mercado. ¿Pero qué puede esperarse en términos de regulación tras la desastrosa experiencia de la minería? Esa industria también extrae recursos del subsuelo y se ha expandido significativamente. No obstante, la regulación en el sector brilla por su ausencia.

Sólo México y otro país en el mundo no cobran impuestos de boca de mina. Tales son los márgenes de ganancia que pueden obtenerse que dos de los hombres más ricos del país, Alberto Baillères y German Larrea, ambos mineros. Con tal régimen impositivo la riqueza del sector no se ha traducido en beneficios para la economía nacional pero sí ha catapultado al Sr. Baillères del lugar 231 al 32 en el ranking de la revista Forbes. Una regulación estricta implica ponerle límites a la iniciativa privada y en este país eso es considerado de mal gusto por la clase política, o al menos eso indican las estadísticas.

¿Qué celebramos entonces este 18 de marzo? Probablemente los libros de educación básica estén siendo reeditados ahora mismo sin esta fecha incómoda. No creo que sea momento de darles gusto a aquellos que tachan la defensa del petróleo con descalificaciones de nacionalismos o atraso tecnológico. Definitivamente, habrá que apostarle al desarrollo de tecnologías más baratas y eficientes, así como a fuentes de energía renovable que garanticen la seguridad energética del país a futuro.

Sin embargo, este no es motivo para abandonar la industria petrolera y dejar que transnacionales extranjeras nos impongan las reglas del juego en nuestra cancha. Tampoco es el momento de resignarse ante la rebatinga que está significando la apertura del sector energético o apelar a los beneficios del libre mercado. Este 18 de marzo debe ser un día para insistir que esta industria debe ser una palanca del desarrollo nacional, no un negocio entre particulares y funcionarios públicos abusando del poder. La moneda está en el aire. Perder esta vez, implicará no sólo perder el volado, sino perder también la moneda.

http://revoluciontrespuntocero.com/72544/

 

 

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